El citado Decreto de mayo del 34 intentaba solucionar un conflicto que se remontaba a dos años atrás cuando, en agosto de 1932, con la llegada de la 11 República, el Congreso de los Diputados decide tomar en consideración una Proposición de Ley por la que se reglamentan las atribuciones de los aparejadores con título oficial, estableciendo su intervención obligatoria en toda obra de construcción y atribuyéndoles, entre otras facultades, la de proyectar y dirigir obras cuyo presupuesto no excediese de 30.000 pesetas.

La propuesta es aprobada por la Cámara el 27 de diciembre, lo que provoca enfrentamientos y disturbios estudiantiles, entre ellos la huelga convocada por la Federación Unitaria de Estudiantes, el 31 de enero de 1933, y la protesta convocada el 13 de febrero por los alumnos de las Escuelas de Arquitectura e Ingeniería de Madrid. Los huelguistas criticaron entonces las amplísimas facultades para proyectar y dirigir obras que se otorgaban a los aparejadores y forzaron la retirada del Proyecto de Ley de Atribuciones, lo que, a su vez, provocó las protestas de los aparejadores.

Una ponencia integrada por tres arquitectos y tres aparejadores recibe el encargo de redactar un Proyecto de Ley que sirva de base de discusión para acabar con los anteriores enfrentamientos. El resultado de esta labor se refleja en el Decreto de 9 de mayo de 1934, en el que se fijaba la intervención obligatoria del aparejador "en toda obra de nueva planta, de reforma, reparación, ampliación o demolición que se ejecute por contrata", y cuyo presupuesto no exceda de determinadas cantidades, según la tipología de las poblaciones.

El Decreto exige la intervención de un aparejador cuando el presupuesto sea inferior al establecido, pero su dificultad o responsabilidad exigiera su participación como contratista o representante técnico de la contrata, si ésta no estuviera integrada por un titular facultativo autorizado para la construcción.

El texto legal declara obligatoria la intervención del aparejador como delegado del arquitecto director de obra. Su misión, en este caso, será la de inspeccionar y ordenar la ejecución material de la obra, siendo responsable de que ésta se ajuste al proyecto y de la exacta obediencia a las instrucciones del arquitecto director.

Pero, además, el Decreto también reconoce unas facultades muy amplias de actuación del aparejador por sí mismo en obras de reforma o reparación, puesto que puede no sólo ejecutarlas sino también proyectarlas, siempre que no afecten a la estructura del edificio ni a su aspecto artístico. Asimismo, establece que, en poblaciones donde no resida un arquitecto y sí un aparejador, será éste el único facultado para dirigir obras, previa autorización del Colegio de Arquitectos, y exige que en todas las dependencias públicas donde no existan servicios de arquitectura, bien de dirección, de inspección o de conservación de obras, los cargos de ayudantes de servicio sean desempeñados por aparejadores.

Pero tan importante logro en aquellos tiempos para los aparejadores y, en nuestra opinión, para el sector de la construcción fue rápidamente anulado. El 26 de julio de 1934 quedaba derogado íntegramente, alegándose que, para resolver el problema, sería más adecuado una norma con rango de ley, sancionada por las Cortes.

De nuevo, las luchas corporativas por las competencias originaron una situación conflictiva, de la que resultó la creación de una comisión mixta de arquitectos y aparejadores para estudiar un texto a proponer a las Cortes. Un Decreto del 31 de mayo de 1935, en base a la experiencia profesional probada, se reafirmó en considerar al aparejador como el técnico constructor de la obra, así como en determinar la obligatoriedad de su intervención. Pero no resultó de nuevo posible mantener al aparejador como el constructor profesionalizado. Ello pugnaba con demasiados intereses, fundamentalmente económicos.

El Decreto comenzaba estableciendo que "los aparejadores con título oficial, por su calidad de peritos de materiales y de construcción, son los únicos que, bajo la dirección de los arquitectos, ejercerán la función de constructores de obras, prohibiéndose en absoluto el ejercicio de esta profesión a los que, por no haber cursado los estudios correspondientes en las Escuelas del Estado, carezcan del título oficial". Sin embargo, restringe la obligatoriedad de su intervención, que sólo será exigible "en las obras públicas de nueva planta, reforma, reparación y demolición que en lo sucesivo se proyecten o que, con anterioridad a ella, no hayan sido anunciadas o adjudicadas en subasta, ya se ejecuten por la Administración o contrata, ya sea pagada con fondos del Estado, provincia, municipio, empresas o particulares".

Se mantiene en este nuevo texto legal la facultad para dirigir obras de edificación que no sean personalmente proyectadas y dirigidas por el arquitecto, en el caso de poblaciones donde no resida uno, aunque ya no es necesaria la autorización e intervención de los Colegios de Arquitectos. Sin embargo, se retiran anteriores atribuciones para proyectar obras de reforma.

Sin buscar una solución alternativa a esta necesidad de profesionalizar al constructor, el 16 de julio de 1935 se promulga el celebre Decreto de Atribuciones, cuyos aspectos más importantes eran el reconocimiento del aparejador como perito de materiales, su intervención obligada y única como ayudante técnico en todas las obras de arquitectura, la ostentación del título y ejercicio profesional únicamente por aquellos que lo hubiesen obtenido en las Escuelas del Estado y la posibilidad de llevar la dirección única de la obra en aquellas poblaciones en las que no residiesen arquitectos. El Decreto de 1935 establecía 

"que a los arquitectos corresponde el proyecto y la dirección de las obras de arquitectura; al aparejador, como ayudante técnico, la inmediata inspección y ordenación de la obra, y al constructor práctico de obras la ejecución material, así como la aportación de elementos de trabajo y medios auxiliares, a más de la organización, distribución y vigilancia del personal en las obras que se efectúen por la Administración y el suministro de materiales y la organización administrativa y económica en las que se lleven a cabo por contrata. Con la intervención del aparejador en la obra queda garantizada la asidua inspección de los materiales, con sus proporciones y mezclas, la ejecución de las fábricas y la de los medios y construcciones auxiliares supliendo, caso de haberla, la falta de preparación técnica del contratista".

Respecto a la equiparación del aparejador como el técnico constructor, en el libro "Las profesiones técnicas en el sector de la construcción", Luis Felipe Rodríguez, que fuese director de la EXCO y del INCE y subdirector general de Tecnología de la Edificación, escribe: "no cabe duda que la solución del aparejador como constructor resolvía el problema aunque de una forma excesivamente restrictiva".

Junto a diversas disposiciones legales que afectan de diferente modo a la carrera de aparejador, tales como las que afectan a la reorganización de las Escuelas de Aparejadores, se produce a partir de 1935 la creación de los Colegios Oficiales, el cambio de denominación de aparejador por arquitecto técnico en 1964 por la reforma de las enseñanzas técnicas, o la Ley 14/1970 General de Educación, por la que nuestras Escuelas se incorporan a la Universidad. Es de destacar la promulgación en febrero de 1971 del Decreto por el que se determinan las atribuciones de los arquitectos técnicos.

Tarifas y atribuciones

(Archivo del Palacio Nacional. Alcázares de Sevilla y Alambra. Lib. I, Folio 24)

El artículo 6 del Decreto de 1935 establecía que "la retribución del Aparejador se satisfará con cargo al presupuesto de ejecución material de la obra y será el 60 por 100 de lo que corresponde a los arquitectos por dirección e independientemente de ésta".

Esta vinculación de dependencia se resolverá por el R.D. de 24 de febrero de 1979, en el que se promulgaron las tarifas de honorarios de los aparejadores y arquitectos técnicos, anulando estos aspectos del Decreto del año 35 que, en lo demás, continuó vigente.

El Decreto de Atribuciones de los arquitectos técnicos fijaba las actuales competencias en la dirección de las obras y en trabajos suficientemente conocidos por los profesionales.

Por su parte, el Decreto del Gobierno del año 1965 para la reordenación de las enseñanzas técnicas cambió las denominaciones de los técnicos de grado medio. Las del grado superior no cambiaron, "pudiendo ser completadas con la palabra superior". Las de los técnicos de grado medio "serán Ingeniero Técnico o Arquitecto, con la adición de la especialidad". Es decir, en aquel momento los aparejadores pasamos a denominarnos arquitecto en economía de la construcción y arquitecto en ejecución de obras. Como es sabido, y no era difícil de prever, este Decreto fue anulado por una sentencia del Tribunal Supremo.

Seis años hubo que esperar para que el Gobierno fijara las facultades de los arquitectos técnicos con anterioridad a 1965. Pero no fue menos grave el hecho de que hasta 1978 no contasen los profesionales con unas tablas de honorarios completas para la remuneración correspondiente de los trabajos distintos de la dirección de obra. Finalmente fueron los Colegios y el Consejo General de Aparejadores quienes, cansados de esperar una promulgación oficial de tarifas, implantaron unas tablas de honorarios convenidos, al amparo de la posibilidad que establece la Ley de Colegios Profesionales de 1974. Esta decisión coadyuvó a que en febrero de 1979 se publicasen las tarifas oficiales aprobadas en el Consejo de Ministros del 19 de enero, por las que se determinaba la independencia retributiva de estos profesionales. Si bien en términos puramente de cuantía económica estas tarifas fueron objetadas por un sector de los profesionales, significaron un paso adelante importante por la independencia económica que lograban y por contemplar de manera más exhaustiva la casuística de situaciones y trabajos en la actuación profesional liberal.

Los tres hitos históricos en los que culminaron aspiraciones todavía vigentes de la profesión como el ejercicio liberal, son los Decretos de 1935, el de 1971 de Atribuciones de los Arquitectos Técnicos -del que en la práctica, a nuestro juicio, no se han explotado con imaginación y decisión todas sus posibilidades de maniobra y de actuación profesional- y el de 1979, en el que con el nombre de tarifas de honorarios se producía una ordenación más amplia de la intervención de los aparejadores en los trabajos propios de su profesión.

Mucho cambió nuestro ejercicio profesional desde que el Decreto de 19 de febrero de 1971 recogiese nuestras competencias. La mencionada norma distinguía atribuciones respecto a dos aspectos concretos: la dirección de las obras y trabajos varios, entre los que destacaban mediciones de terrenos, informes periciales de su especialidad, planificación y programación de obras o asesoramiento técnico en la fabricación de materiales. Además, se fijaban una serie de facultades atribuidas a los aparejadores, como son la exclusiva y excluyente en relación a otras profesiones de intervención técnica en las obras de arquitectura dirigidas y proyectadas por arquitectos, la facultad de intervención en toda obra ya sea costeada por fondos públicos o privados, la de dirigir obras de arquitectura cuando no resida en la zona ni pueda realizarla un arquitecto, y la facultad de ejercer la actividad de decorador y sus funciones.

Posteriormente, con la Ley 12/86, refrendada por la Ley 33/1992, quedan definitivamente fijadas las atribuciones de los aparejadores y arquitectos técnicos. La capacidad de proyectar obras que no requieran proyecto arquitectónico, la dirección de la ejecución material de las obras y el ejercicio de la docencia son los aspectos más destacados del cuadro normativo hoy en vigor.

Como complemento parcial de aquella Ley de Atribuciones, se promulgaron los Decretos 555/1986 y 84/1990, en los que se establecía la exclusiva competencia de aparejadores y arquitectos técnicos en materia de seguridad e higiene en las obras de edificación, como autores del estudio de seguridad y director del mismo, a través del plan de seguridad exigido para determinado tipo de obras.

 Ambos Decretos, y la competencia exclusiva que en ellos se contenía, fueron sin embargo derogados a finales de la siguiente década, con la aprobación del Real Decreto 1627/97 sobre Disposiciones Mínimas en materia de Seguridad en Obras de Construcción, con el que se adaptó al derecho interno español la Directiva comunitaria de Obras Temporales o Móviles.

El Real Decreto establece la figura de los coordinadores de seguridad, cuyas funciones serán desempeñadas por un 'técnico competente'. Una indeterminación legal que, al menos teóricamente, parece dejar en el alero qué titulación es la idónea para asumir las tareas a ellos encomendadas.

Comentario aparte merece, por su incidencia en las organizaciones profesionales con trascendencia económica, la Ley de medidas liberalizadoras en materia de Colegios Profesionales, aprobada en febrero del 97, una reforma centrada en aspectos puramente económicos y que significó la derogación en este sentido de las tarifas, de su control colegial a través del visado y de la gestión obligatoria del cobro de honorarios. La reforma, actualmente vigente, mantiene el principio de colegiación única, que nuestra organización colegial ya había asumido en 1994, y que ha sido desarrollada, a través de legislación autonómica, por distintas comunidades españolas.

 Creación de los Colegios
             
                  (Art. 36 de la Constitución Española.)
Una Orden del Ministerio de la Gobernación de 9 de mayo de 1940 es la que dicta las normas sobre los Colegios Oficiales de Arquitectos y Aparejadores. Tanto en éstas como en otras que se producirán posteriormente se hace resaltar el carácter provisional con que se adoptan estas medidas. Las siguientes citas son elocuentes: "En tanto se pueda lograr la organización integral de los servicios de arquitectura de la nación..."; "Artículo 1°: Hasta tanto se constituyan los organismos oficiales que hayan de reemplazar en su función a los Colegios de Arquitectos, deberán éstos seguir ejerciendo el visado de todos los proyectos de obras". En el artículo 2° se dice que se integrarán todas las asociaciones existentes de arquitectos y de aparejadores en sus Colegios respectivos, que se regularán desde la ;Dirección General de Arquitectura "... hasta tanto se integren, con carácter definitivo, en el adecuado sistema de unidad sindical".

Esta idea de provisionalidad de los Colegios, que contemplaba su desaparición posterior y su sustitución por el de sindicación unitaria de todos los profesionales, fue siendo olvidada por el régimen de Franco y sustituida por una política contrapuesta: la exención de la sindicación corporativa para los profesionales. Esta situación contribuyó a la consolidación del espíritu de cuerpo y los estamentos corporativos, así como la independencia de éstos de la estructura sindical franquista. El modelo se generalizó paulatinamente para las demás profesiones.

En la Orden Ministerial de 1940 destaca el establecimiento de la obligatoriedad de la colegiación de los aparejadores, lo que suponía un logro, dado el mimetismo de aspiraciones con respecto a los arquitectos, que habían obtenido la obligatoriedad de colegiación en el año 1929.

En 1941 (18 de marzo) una Orden de la Dirección General de Arquitectura cumplimenta las normas sobre las funciones de los Colegios de Aparejadores. En el preámbulo se dice: "... la constitución y funcionamiento (de los Colegios Oficiales de Aparejadores) llenará el espacio que ha de mediar entre el sistema liberalmente caótico anterior al Movimiento y el que con carácter definitivo se instaure en la sindicación conjunta de todas las profesiones relativas a la edificación, con arreglo a los principios sindicales nacionales del nuevo Estado".

El 23 de junio de 1945 se aprueba, por Orden Ministerial, el Reglamento de la Federación y de los Colegios Oficiales de Aparejadores que estuvo vigente hasta los Estatutos aprobados por el Real Decreto de 13 de mayo de 1977.

El 17 de marzo de 1958 una Orden del entonces recién creado Ministerio de la Vivienda sustituye el nombre de la Federación por el de Consejo Superior, aunque, posteriormente, la Ley de Colegios Profesionales de 1974 modificaría éste por el de Consejo General.

Para los Colegios de Aparejadores, como para todas las demás corporaciones profesionales, el reconocimiento expreso de las mismas en la vigente Constitución española es un hecho de enorme trascendencia, asegurando así su existencia entre las instituciones de la organización pública y política del Estado.

A pesar de la pretendida liberalización de los Colegios Profesionales abordada en 1997, subsiste hoy una concepción tutelar e intervencionista del Gobierno, a través de los Ministerios correspondientes de quienes hemos ido dependiendo. Se plantea para el futuro la otra alternativa: la autonomía profesional para regular nuestra actividad técnica dentro del proceso edificatorio, en el marco de una economía libre de mercado, constitucionalizada estatalmente, defensora de la libre contratación y competencia, y con el reto que la Europa común va a suponer en los próximos años.

¿Estaremos en condiciones algún día los aparejadores y el sector de la construcción de posibilitar este segundo modelo, renunciando a privilegios innegables de intervención obligatoria que no poseen la mayoría de las profesiones? Si ello ha de suceder, deberá ser cuando para la sociedad en general -aparejadores incluidos- estén garantizadas las condiciones de calidad, legalidad, económicas, de seguridad, etc., del producto terminado, es decir, de los edificios, sin la existencia de jerarquizaciones corporativas, ni barreras elitistas defensoras de cuestionables privilegios.

La Ley de Ordenación de la Edificación

(Rafael Arias Salgado, ministro de Fomento. Octubre 1999)

De fundamental importancia en el desarrollo del proceso de la edificación y, por tanto, en el ejercicio de nuestra actividad profesional y en la consolidación de las competencias propias de aparejadores y arquitectos técnicos, ha sido la promulgación de la Ley de Ordenación de la Edificación, aprobada en el Congreso de los Diputados el 21 de octubre de 1999.

La Ley 38/99, de 5 de noviembre, puso fin a casi un cuarto de siglo de intentos frustrados por conseguir una norma común que regulara el proceso de la edificación, intentos que se iniciaron en la década de los 70 y, precisamente, en el I Congreso Nacional de la profesión celebrado en Torremolinos. En aquella ocasión se emplazó al Gobierno para que procediera a la redacción y aprobación de un Código de la Edificación. El requerimiento de aparejadores y arquitectos técnicos dio lugar a la elaboración de un Libro Blanco de la Edificación, presentado en 1978 por el entonces ministro, Joaquín Garrigues, en la sede del Colegio de Madrid. La necesidad de la Ley fue reiteradamente expuesta en la Convención Jopartec'91 y en el II Congreso de la profesión, celebrado en 1994 y que tuvo como marco la capital granadina.

La publicación del articulado de esta norma, tan esperada, en el Boletín Oficial del Estado terminaba también con la incertidumbre a la que nos tenían acostumbrados las decenas de borradores, más o menos definitivos, a los que esta iniciativa legislativa había dado lugar a lo largo de un par de décadas, por cuanto algunos de sus contenidos hacían peligrar las facultades tradicionales de nuestra profesión.

La definitiva promulgación de la LOE, como ley marco del sector, requirió un laborioso proceso de negociación, auspiciado desde el Ministerio de Fomento y en el que participaron los Consejos de la Arquitectura Técnica, de los Arquitectos y los Colegios de Ingenierías. Se hizo necesario consensuar un sistema de intervenciones profesionales respetuoso con la realidad del sector y que reconociera la especial vinculación de los titulados del área de la Arquitectura

 con las tareas de proyecto y dirección de las obras de edificación. Y todo ello sin olvidar cuestiones tan fundamentales como las referidas al sistema de garantías y responsabilidades, definición de los agentes y de sus funciones o el acceso a la coordinación de seguridad y salud laboral en fases de proyecto y obra.

El resultado fue una Ley que ha consagrado para el futuro el modelo de dirección facultativa colegiada (director de obra y director de la ejecución de la obra), integrada por arquitecto y aparejador o arquitecto técnico, con exigencia de intervención de este último en todas las obras (de nueva planta y construidas, en este caso cuando se altere su configuración arquitectónica), cuyos usos se correspondan con la edificación de carácter administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural, así como en todas las edificaciones del ámbito de la ingeniería cuya dirección de obra se desempeñe por arquitecto.

Además, se mantiene la capacidad proyectual reconocida a nuestra profesión, que se concreta para aquellos edificios cuyos usos no cuenten con expresa reserva de ley a favor de arquitectos o ingenieros según sus diferentes especialidades y competencias, además de para todas las obras no sujetas a la LOE, entre las que figuran las que se realicen en edificios construidos que no alteren su configuración arquitectónica.

La Ley define los agentes intervinientes -promotor, constructor, proyectista, director de obra, director de la ejecución de la obra, entidades y laboratorios de control de calidad, suministradores de productos, propietarios y usuarios-, determinando expresamente sus funciones, derechos y obligaciones, y las condiciones requeridas para el ejercicio de sus respectivas actividades.

El principio de tecnificación del constructor y el reconocimiento de la figura del jefe de obra constituyen también importantes aportaciones, como no lo es menos el tratamiento que la Ley de Ordenación de la Edificación hace respecto a la diferente tipología de los daños materiales en la construcción y de los plazos de garantía, que se establecen en uno, tres y diez años, con lo que se modifica el régimen establecido en el artículo 1.591 del Código Civil que era de diez años para cualquier vicio o defecto.

La LOE ha reducido a dos años (anteriormente, quince) el plazo para ejercer las acciones de reclamación derivadas de daños materiales en la construcción.

Y, además, impone la obligatoriedad de aseguramiento por el promotor de los daños comprendidos en el plazo de garantía de diez años, e incorpora, por fin, el muy reclamado Libro del Edificio, en el que habrá de figurar toda la documentación necesaria que haga posible a los usuarios vigilar y llevar a cabo el mantenimiento de los inmuebles.

La Ley resuelve algunos defectos o inconcreciones atribuidos a normas anteriores de inferior rango. Este es el caso, por ejemplo, del espinoso tema de la habilitación técnica que han de poseer los coordinadores de seguridad en fase de proyecto y en fase de ejecución de obras, una cuestión que quedaba totalmente indefinida en el Real Decreto 1.627/97 de Disposiciones Mínimas en materia de seguridad y salud en obras de construcción y que ahora la LOE resuelve, al dotar de nombres y apellidos a los técnicos que han de ocuparse de estas funciones.

Bibliografía consultada

"Fray Antonio de Villacastí'n ", de Amancio Portabales.

"Los verdaderos artífices del Escorial", de Amancio Portabales.

"Las Profesiones Técnicas y el Sector de la Construcción", de Luis Felipe Rodríguez. Biblioteca del Palacio Nacional; Archivo General de Simancas y "Boletines Oficiales del Estado".

"Resumen del Estudio Sociológico", de J. Marcos, encargo del Consejo Superior de los Colegios de Aparejadores y Arquitectos Técnicos efectuado por el autor de este trabajo.

"Las competencias profesionales de los arquitectos técnicos y aparejadores", de José Luis Gil Ibáñez.

"Evolución histórica de los estudios, competencias y atribuciones de los aparejadores y arquitectos técnicos", de Pilar Izquierdo Gracia.

La presente edición, corregida y aumentada, de la obra "Aparejadores, breve historia de una larga profesión", se terminó de imprimir el día 12 de mayo de 2000, festividad del santo constructor Domingo de la Calzada.

Edita: Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos.

P° de la Castellana, 155 - 1° • 28046 Madrid

 © Eduardo González Velayos.

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 Fotografía: Archivo Clifford (24), Archivo M°. Escorial (16), C. Aymat.

 ISBN: 84-607-0552‑8.

 Depósito Legal: M-15818-2000.

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